En 1920, las disputas internas entre el gobierno de Obregón y sus enemigos internos, obligaron a ambos a buscar el reconocimiento del gobierno estadounidense.
Obregón a diferencia de su antecesor Carranza, era de la opinión que las inversiones extrajeras eran fundamentales para el crecimiento económico.
En ese marco, Estados Unidos condicionó el reconocimiento del gobierno de Obregón a la firma de un tratado para garantizar la propiedad de sus ciudadanos en México.
El año 1921, Obregón recibió un proyecto de tratado de “amistad y comercio”, en el que el país del norte, estaba en contra de la nacionalización de los bienes de norteamericanos, la restitución y dotación de tierras a los pueblos indígenas, medidas contra la Constitución de 1917. Además del problema petrolero, del artículo 27 de la carta magna, que establece la propiedad de la nación sobre las aguas y riquezas de subsuelo al estado mexicano, aplicándose de forma retroactiva.
Las negociaciones del tratado habían comenzado el 15 de mayo de 1923 y terminado con la firma el 13 de agosto del mismo año. El gobierno decidió no aplicar la retroactividad para las propiedades de los estadounidenses en la nación.
Las obligaciones que México contrajo con estos tratados contrarios a las normas internacionales, se referían a: permitir que la nación se sometiera a la Comisión General de Reclamaciones de ciudadanos estadounidenses por la expropiación de tierras, para su pago en efectivo o bonos según la extensión; el país admitió su responsabilidad por los daños durante la revolución; también, aceptó indemnizar a los ciudadanos del norte, por daños sufridos hasta 1868; en cuanto al petróleo, el artículo 27 no sería retroactivo para los estadounidenses que adquirieron sus concesiones antes de 1917 y podían seguir con la explotación.
Al final los tratados no fueron aprobados por ambos países, pero son un hecho de vergüenza para México, Obregón había entregado la soberanía y dignidad de nuestra nación.
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